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Costa Rica archiva el Acuerdo de Escazú

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OneBlog, Fundación OneSea, Costa Rica

El pasado 31 de enero, concluyó el periodo cuatrienal del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el “Acuerdo de Escazú”.

Así, la Asamblea Legislativa convocó a votación para la extensión del plazo este 1 de febrero, resultando en una mayoría de votos a favor del cierre del proceso, dando como archivado el proyecto de ley.

Desde OneSea, vemos esta coyuntura con preocupación, ya que el congreso decidió dar la espalda a la protección de los derechos humanos de las personas defensoras del ambiente, personas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, como lo es nuestra fundación. 

Una herramienta para la información, participación y el acceso a justicia en temas ambientales

El Acuerdo de Escazú nace del interés de crear un instrumento internacional para validar el principio 10 de la convención de la conferencia Río +20, un hito histórico en donde los Estados parte de la ONU se reunieron para reflexionar sobre el trayecto del desarrollo sostenible después de 20 años de trabajo en esa línea. 

25 países de América Latina y el Caribe, dicen concretar el instrumento durante el periodo del 2014 al 2018, en donde Costa Rica y Chile lideraban su construcción. Para Marzo del 2018, se firma el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, en la ciudad del mismo nombre, con la promesa de asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, en una de las regiones más violenta y peligrosa para las personas defensoras.

El proceso de ratificación del instrumento no dio resultados positivos para Costa Rica. Dicho Acuerdo fue víctima de la polarización y desinformación, por parte de las elites empresariales, dando como resultado bloques de oposición que influenciaron a la mayoría de fracciones políticas con discursos alejados de los derechos socioambientales. 

Costa Rica no podrá ser parte de los beneficios que brinda el acuerdo tanto en materia económica, social y de posicionamiento internacional.  

El Acuerdo abarca puntos fundamentales para la conservación y desarrollo sostenible costarricense como:

  • Seguridad jurídica y establecimiento de un piso vinculante para la inversión extranjera con base a la legislación estatal, para impulsar un desarrollo alineado con sostenibilidad. 
  • Acceso para las comunidades de la información ambiental de sus territorios. 
  • Procesos de consulta y participación pública para el consenso sobre la viabilidad de proyectos en los territorios. 
  • Financiamiento de cooperación internacional y desarrollo de capacidades en materia ambiental para la población.
  • Acceso a mecanismo de justicia para las personas defensoras.

El Acuerdo de Escazú y las comunidades costeras

Las costas del país no están exentas de la violencia socioambiental que ha permeado a la conservación costarricense. 

El instrumento internacional que la Asamblea Legislativa archivó, es una herramienta necesaria para atender las problemáticas que afectan a las personas de comunidades costeras y sus ecosistemas. 

Al ser las playas y mares de nuestro país, uno de los puntos finales de la propagación por la contaminación del plástico, las oportunidades de denuncia se encuentran dispersas entre muchos marcos normativos. El Acuerdo de Escazú podría facilitar dichos procesos, ya que ordena la normativa ambiental en mínimos vinculantes. 

Por otra parte, el desarrollo inmobiliario y sus afectaciones a los ecosistemas costeros, han empezado a tener impactos ecológicos y sociales en estas comunidades. Algo recurrente en este tipo de situaciones es la amenaza y daños materiales. La ratificación del instrumento brinda la protección jurídica y el acceso a justicia adecuado para las personas no solo defensoras o activistas, sino a cualquiera que quiera denunciar afectaciones ambientales en su barrio, comunidad y bienes naturales comunes. 

Para la fundación OneSea, es necesario hacer un llamado al poder ejecutivo y pedir la convocatoria del proyecto de Ley del Acuerdo de Escazú sea discutido nuevamente por la asamblea legislativa. Tanto las organizaciones de sociedad civil, como comunidades enteras necesitamos de su ratificación, para poder seguir nuestro trabajo por la conservación y desarrollo sostenible, que tanto posicionamos en nuestra imagen internacional.

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