El Acuerdo de Escazú nace del interés de crear un instrumento internacional para validar el principio 10 de la convención de la conferencia Río +20, un hito histórico en donde los Estados parte de la ONU se reunieron para reflexionar sobre el trayecto del desarrollo sostenible después de 20 años de trabajo en esa línea. 

25 países de América Latina y el Caribe, dicen concretar el instrumento durante el periodo del 2014 al 2018, en donde Costa Rica y Chile lideraban su construcción. Para Marzo del 2018, se firma el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, en la ciudad del mismo nombre, con la promesa de asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, en una de las regiones más violenta y peligrosa para las personas defensoras.

El proceso de ratificación del instrumento no dio resultados positivos para Costa Rica. Dicho Acuerdo fue víctima de la polarización y desinformación, por parte de las elites empresariales, dando como resultado bloques de oposición que influenciaron a la mayoría de fracciones políticas con discursos alejados de los derechos socioambientales. 

Costa Rica no podrá ser parte de los beneficios que brinda el acuerdo tanto en materia económica, social y de posicionamiento internacional.  

El Acuerdo abarca puntos fundamentales para la conservación y desarrollo sostenible costarricense como:

• Seguridad jurídica y establecimiento de un piso vinculante para la inversión extranjera con base a la legislación estatal, para impulsar un desarrollo alineado con sostenibilidad. 
• Acceso para las comunidades de la información ambiental de sus territorios. 
• Procesos de consulta y participación pública para el consenso sobre la viabilidad de proyectos en los territorios. 
• Financiamiento de cooperación internacional y desarrollo de capacidades en materia ambiental para la población.
• Acceso a mecanismo de justicia para las personas defensoras.