Más del 60 % de los océanos se consideran aguas internacionales, conocidas como “alta mar“, lo que significa que todos los países tienen derecho a navegar, pescar e investigar en ellas. En la actualidad, sólo alrededor del 1 % de la alta mar está protegida.

El tratado internacional discutido, pretende crear marco jurídico para proteger el 30 % de los océanos del mundo, en donde se han incluido elementos para garantizar el financiamiento de la conservación marina, uno de los Objetivos de Desarrollo sostenible menos financiado. 

Además, el instrumento procura la regulación del acceso a los recursos genéticos marinos y su utilización. Este fue uno de los principales puntos de fricción durante la última ronda de negociaciones, en la que los países del Sur Global, argumentaron que el reparto de beneficios debía garantizarse y establecer lineamientos al respecto en el texto.

A pesar de que los miembros de las Naciones Unidas han acordado una versión final del texto, se espera que pasen años antes de que el tratado sea adoptado formalmente por los Estados miembros y entre en vigor.

Por otra parte, el nuevo acuerdo no establecerá automáticamente nuevas zonas de protección marina en alta mar, pero proporciona un mecanismo para que los Estados puedan designarlas por primera vez en aguas internacionales. Esa capacidad es crucial para cumplir los acuerdos de la cumbre sobre biodiversidad de la ONU del 2022, la COP15, en la que los delegados se comprometieron a proteger casi un tercio de la tierra y los océanos de la Tierra para 2030. Dicha iniciativa es fundamental para la preservación de la ecología marina y la lucha contra el cambio climático.

En cuanto a las discusiones sobre puntos cruciales para la conservación, sobresale el Mar de los Sargazos en el Atlántico y el Domo Térmico de Costa Rica en el Pacífico, este último siendo un espacio con altos índices de pesca industrial no regulada, que el tratado pretende establecer criterios para el desarrollo de dicha actividad.