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ONU declara el acceso por un medio ambiente limpio, sano y sostenible como nuevo Derecho Humano

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OneBlog, Fundación OneSea, Costa Rica

El pasado 28 de julio, un hito histórico marca la agenda internacional por los derechos humanos y el ambiente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, da reconocimiento al acceso por un medio ambiente sano, limpio y sostenible como derecho humano universal.

El texto fue presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza. Esta decisión resulta fundamental para el derecho internacional vigente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales, además demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Según António Guterres, Secretario-General de Naciones Unidas, la resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los activistas, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas.

La ruta hacia un ambiente sano

El reconocimiento de este derecho es necesario para la reconceptualización del ambiente hacia una esfera global y no solo Estatal. Esto permite articular una legislación internacional que trasciende los límites que son trazados por los sistemas políticos de un país.

Bajo este marco, el derecho puede impulsar avances legales globales y nacionales que promuevan acciones en beneficio del ambiente y el bienestar humano en general, por esto debe verse como un derecho de reivindicación.

Los derechos reivindicados requieren que otras partes asuman responsabilidades aparte del titular del derecho, a diferencia de los derechos de libertad, en los que los titulares de obligaciones sólo deben reconocer y defender la libertad fundamental.

Por lo tanto, se puede exigir un esfuerzo activo y unificado a los Estados, a los líderes mundiales, a las empresas y a las organizaciones internacionales para hacer frente a la urgencia de la crisis climática.

La declaración no es jurídicamente vinculante, esto quiere decir que los países pueden votar a favor de una declaración de derechos y no apoyar esos derechos en la práctica. Aún así, declaraciones voluntarias de derechos humanos también pueden ser decisivas para cambiar políticas estatales y proporcionar a las comunidades nuevas herramientas de acción política para exigir mejores condiciones.

Implicaciones para la realidad costarricense

Costa Rica es uno de los Estados parte que ya cuenta con jurisdicción para velar por un ambiente sano. La adopción de la declaración establece un estándar mínimo para el avance en los derechos de acceso al ambiente y la salud, y evitar el retroceso en esa materia.

Tanto Costa Rica al proponer el texto declaratorio, como al ser Estado firmante, refleja un compromiso ambiguo para las responsabilidades ambientales del país con la sociedad civil. Este es un escenario que permite cuestionar la posición del actual gobierno ante la ratificación del Acuerdo de Escazú y la genuina preocupación por facilitar seguridad y sostenibilidad, en las comunidades y ecosistemas del país.

Las violaciones a las leyes ambientales y las cargas ambientales del desarrollo inmobiliario en el país, han puesto en cuerda floja la reputación verde de Costa Rica. Así, el resguardo por estos recursos recae en los territorios indígenas, activistas y organizaciones sociales, que quedan a la deriva sin acompañamiento del Estado.

Desde OneSea reafirmamos nuestro compromiso por cumplir y contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y sostenible. Seamos parte del cambiovalorando y respetando nuestros derechos.

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