El reconocimiento de este derecho es necesario para la reconceptualización del ambiente hacia una esfera global y no solo Estatal. Esto permite articular una legislación internacional que trasciende los límites que son trazados por los sistemas políticos de un país.

Bajo este marco, el derecho puede impulsar avances legales globales y nacionales que promuevan acciones en beneficio del ambiente y el bienestar humano en general, por esto debe verse como un derecho de reivindicación.

Los derechos reivindicados requieren que otras partes asuman responsabilidades aparte del titular del derecho, a diferencia de los derechos de libertad, en los que los titulares de obligaciones sólo deben reconocer y defender la libertad fundamental.

Por lo tanto, se puede exigir un esfuerzo activo y unificado a los Estados, a los líderes mundiales, a las empresas y a las organizaciones internacionales para hacer frente a la urgencia de la crisis climática.

La declaración no es jurídicamente vinculante, esto quiere decir que los países pueden votar a favor de una declaración de derechos y no apoyar esos derechos en la práctica. Aún así, declaraciones voluntarias de derechos humanos también pueden ser decisivas para cambiar políticas estatales y proporcionar a las comunidades nuevas herramientas de acción política para exigir mejores condiciones.