Uno a uno miles de costarricenses se han manifestado en los últimos meses estampando su firma en busca de detener de una vez por todas la nociva práctica de pesca de arrastre en nuestros mares. Esta práctica fue prohibida desde el 2013, cuando la Sala Constitucional consideró que la pesca de arrastre de camarón es agresiva para el medio ambiente, lesionando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y violentando los principios preventivo y de desarrollo sostenible democrático, destruyendo los fondos marinos y afectando a miles de pescadores artesanales que dependen de un mar sano.
Para ese entonces, se determinó que no se darían ni se renovarían más las licencias a quienes se dedicaban a esa actividad. Además, ordenó que para generar una nueva ley que permita la pesca de arrastre, esta debía ser respaldada con estudios científicos nacionales que demostraran que las nuevas técnicas a usar no generaría los severos impactos negativos a los ecosistemas marinos.
En noviembre del 2017, el Estado costarricense decidió reactivar las licencias para esta práctica, luego de un acuerdo tomado por la junta directiva de Incopesca, en el proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica y se tramita en el expediente 19.838. Este había sido presentado justo antes de que en el 2018 vencieran las últimas licencias vigentes. Sin embargo, este recibió oposición inmediata con varios recursos de amparo interpuestos, lo que llevó a la Sala Constitucional, ordenar la suspensión del acuerdo, mientras resuelve los recursos.
Paralelamente, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, empezaron una campaña con la recolección de firmas para detener la pesca de arrastre en Costa Rica y salvar nuestros mares, la cual al día de hoy ya suma más de 50 mil autógrafos. La intención es exigir al gobierno anular el acuerdo de Incopesca y archivar definitivamente el proyecto de ley 19.838. El respaldo aunque lento, ha ido creciendo uno a uno y se espera que genere la suficiente fuerza y presión para eliminar esta letal práctica de los mares costarricenses.
Miles de camaroneros sin empleo
Si bien la pretensión del gobierno costarricense de reactivar la pesca de arrastre se fundamenta en la preocupante situación de miles de costarricenses que perdieron su trabajo tras la prohibición y según se evidenció durante la mesa de Diálogo para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza, según los expertos académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), el proyecto de ley no cuenta con los estudios científicos obligatorios que demuestren que la práctica cuenta con mejores técnicas, evitando los daños ya conocidos.
Es por esto, que parte de la petición firmada por los costarricenses, exige al gobierno y sus instituciones además, a comprometerse e implementar alternativas productivas para las personas que trabajan en el sector camaronero, buscando calidad de vida, un verdadero balance y desarrollo sostenible entre las comunidades y el ambiente marino. Es decir, el Estado costarricense tienen que asegurar la calidad de vida de las 3 mil 750 personas que se quedaron sin empleo, pero no reactivando una práctica letal para el medio ambiente, sino buscando mejores mecanismos para incorporarlos a la dinámica económica del país.
Recordemos que somos tan responsables como es propio Estado, de proteger y ayudar a nuestros hermanos y el medio ambiente. Mejoremos nuestras prácticas, ahorremos energía, asumamos la lucha en nuestras manos, pongamos nuestra firma cuando la requieran y exijamos al Estado, un mejor planeta para todos. Contacte a One Sea y aprenda como puede formar parte y colaborar con la protección de nuestros océanos y sus recursos.