Desde su fundación en 1994, la  Autoridad Internacional de los Fondos Marinos o AIS tiene la obligación de garantizar la protección eficaz del medio marino frente a los efectos nocivos que puedan derivarse de las actividades relacionadas con dichos ecosistemas, pero su ámbito de actuación tiene límites.

La AIS sólo tiene autoridad sobre las aguas internacionales, pero no sobre las territoriales. Según la organización The Pew Charitable Trusts, alrededor del 60% de los fondos marinos del mundo se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales.

Lo que destaca la oposición actual de los gobiernos es que muchos son miembros del consejo de la AIS, lo que significa que sus objeciones podrían tener repercusiones en aguas que no suelen estar cubiertas por esta entidad internacional.

Sin embargo, hasta ahora no existen normas ni directrices suficientes para la explotación minera de los fondos marinos. Las negociaciones de agosto concluyeron sin ningún acuerdo y a siete meses de que se cumpla el plazo de dos años, la explotación minera podría comenzar sin que se hayan establecido las normas ambientales debidas. 

Ante este alarmante panorama, el Gobierno francés ha exigido una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos. Alemania, España, Costa Rica, Nueva Zelanda, Chile y otros países quieren poner fin a la fiebre por las profundidades marinas debido a la falta de investigación científica sobre el impacto medioambiental que podría tener la minería.