Este acuerdo internacional, se construye en un momento histórico durante la mitad del siglo XX, en dónde el declive de especies por actividades de cacería y tráfico, tuvo un crecimiento alarmante. Producto de esa coyuntura, la comunidad internacional crea este acuerdo para establecer un marco común en el establecimiento de medidas para contribuir a la conservación de las especies. Países como Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Australia y México, son algunos de los ratificantes que se han comprometido a establecer políticas para la protección de especies y aunque el acuerdo es jurídicamente vinculante para los integrantes, no suplanta a las legislaciones nacionales.

Esta herramienta internacional funciona mediante tres ejes clave, expuestos como “apéndices”, en donde se desglosan las acciones a desarrollar según las especies. El Apéndice I incluye las especies de fauna y flora sobre las que se cierne mayor grado de peligro; el II son las que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo, y el III abarca a las solicitadas por un miembro que ya reglamenta su comercio y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal.

Parte de los alcances que ha tenido esta convención internacional, es que ha permitido a los Estados construir canales de comunicación y trabajo multilaterales para el monitoreo de especies, de esta manera se han establecido redes para la trazabilidad de comercio y aprovechamiento sostenible de los bienes comunes.