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La incógnita en la participación: el acuerdo de Escazú en Costa Rica

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OneBlog, Fundación OneSea, Costa Rica

Ha pasado un año desde que el Acuerdo de Escazú entró en vigor, el 22 de abril del 2021. Desde entonces Costa Rica ha pasado por procesos de elecciones presidenciales y la oficialización de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en donde los escenarios climáticos se han discutido con énfasis en la necesidad de que todas y todos seamos parte de la toma de decisiones en materia ambiental. 

Entre 2014 y 2018, Costa Rica y Chile sentaron las bases, con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el desarrollo de un instrumento internacional: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o como se le conoce popularmente, Acuerdo de Escazú. El actual presi 

Dicho instrumento sirve para hacer vinculante el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que valida el derecho y participación de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano, además es el primer acuerdo que incluye disposiciones específicas para los defensores de los derechos humanos.

El punto de partida desde donde se construyó el Acuerdo es el desarrollo sostenible. Una línea de desarrollo integral a los derechos humanos, que hace énfasis en la diversidad de identidades y realidades, para tener sociedades justas y ecológicas. Es por esto que el acceso a la participación es la base del Acuerdo.

Costa Rica en la primera Conferencia de las Partes (COP1)

Sin participación no hay sostenibilidad. Las personas y sus opiniones son necesarias para la toma de decisiones en sus comunidades y los ecosistemas que puedan verse afectados por el desarrollo sin consulta popular. 

Esta fue en parte la premisa de trabajo de muchos participantes en la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, llevada a cabo en Chile, el 20 de abril de este 2022. Ya 13 países han firmado el instrumento y 10 quedan pendientes, entre ellos Costa Rica. 

Del 20 al 22 de abril, miembros de organizaciones de sociedad civil y representantes de países signatarios se reunieron en la sede de CEPAL, Chile. Costa Rica asiste en calidad de observador con representación de la embajadora Adriana Murillo Ruin, con opiniones influyentes, pero sin oportunidad de voto en las negociaciones. 

Para Larissa Soto, antropóloga y agroecóloga costarricense en representación de sociedad civil durante la COP1, esta COP significó compromiso para Costa Rica:

“Es un país con un discurso de apoyo, pero sin la capacidad de negociación o diálogo entre su Asamblea Legislativa y las personas delegadas para representar el Acuerdo, por lo que no hay una presión real o compromiso político para la ratificación”.

Caminos para la participación y defensa del ambiente en Costa Rica

Participar y defender el ambiente es hacerle frente al cambio climático y apostar por una resiliencia económica en las comunidades vulnerables climáticamente, que forman parte de la imagen del país.

Según Ana Isla Socióloga de la Univerisdad de Brock, Costa Rica es un país que depende de sus recursos naturales, con un modelo en el que el ambiente se convierte en comercio, y solo pocos beneficios llegan a la población local. De esta manera la participación sobre lo que se hace y no se hace en nuestros bosques, mares y manglares, también queda limitada a algunos pocos

En este contexto, el Acuerdo de Escazú es un instrumento estratégico para apoyar la inclusión de las comunidades en la gestión ambiental de sus territorios, y exigir respuesta a los impactos de las irresponsabilidades de otros sobre el ambiente, y de esta manera propiciar lo fundamental del Acuerdo, la promoción del desarrollo sostenible.

Desde OneSea creemos que valorizar los conocimientos y decisiones que tenemos como costarricenses y personas parte de una comunidad, es fundamental para la democracia ambiental. Por esto, escuchemos y apoyemos iniciativas locales para la conservación y protección del ambiente, denunciemos actividades que pongan en peligro el ambiente y exijamos espacios de participación sobre la realidad de nuestros ecosistemas y afectaciones, en especial ahora, con un gobierno entrante que ha expresado su desacuerdo con la ratificación del Acuerdo.

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