Ha pasado un año desde que el Acuerdo de Escazú entró en vigor, el 22 de abril del 2021. Desde entonces Costa Rica ha pasado por procesos de elecciones presidenciales y la oficialización de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en donde los escenarios climáticos se han discutido con énfasis en la necesidad de que todas y todos seamos parte de la toma de decisiones en materia ambiental. 

Entre 2014 y 2018, Costa Rica y Chile sentaron las bases, con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el desarrollo de un instrumento internacional: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o como se le conoce popularmente, Acuerdo de Escazú. El actual presi 

Dicho instrumento sirve para hacer vinculante el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que valida el derecho y participación de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano, además es el primer acuerdo que incluye disposiciones específicas para los defensores de los derechos humanos.

El punto de partida desde donde se construyó el Acuerdo es el desarrollo sostenible. Una línea de desarrollo integral a los derechos humanos, que hace énfasis en la diversidad de identidades y realidades, para tener sociedades justas y ecológicas. Es por esto que el acceso a la participación es la base del Acuerdo.