Ya bastantes años llevamos en un pulso con los Gobiernos de turno, o bien con el Incopesca por su insistencia de reactivar la pesca de arrastre a toda costa, ya bastantes años creando esa falsa expectativa a un sector que no tiene otra salida más que su conversión.

No importa por donde se le vea, la pesca de arrastre se cae por su propio peso y a nadie beneficia por varias razones.

Se estima que comunidades costeras dependientes de la pesca artesanal, que ya de todas maneras viven en extrema pobreza por lo escaso que es el recurso, se verían seriamente afectadas, estamos hablando de entre 14 mil y 16 mil pescadores artesanales. Esto debido a que la presión que ejerce la pesca de arrastre es muy grande, impactando el fondo marino, los ecosistemas y especies que para la flota camaronera representa “desecho”, pero que en realidad es el recurso que busca el pescador artesanal. El impacto de la pesca de arrastre es tan extenso, que amenazaría con provocar la desaparición de la pesca tradicional, que utiliza artes selectivos, la pesca deportiva y afectando sin duda alguna el ecoturismo.

Voto de la Sala Constitucional

Debido a las razones antes expuestas en el 2013 nuestra Sala Constitucional prohibió dicha práctica, pero hoy la historia cambia. Nuestros Magistrados con excepción de Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal y Anamari Garro Vargas, decidieron resolver violentando de forma estrepitosa diversos principios.

Violentan el principio precautorio, ya que los estudios en los cuales fundamentan su resolución no permiten establecer con certeza el nivel de riesgo ambiental. Ante la existencia de un posible peligro o amenaza de daños inminentes a nuestros océanos, se debe de manera preventiva tomar medidas eficaces de protección. Esta violación es tan evidente que incluso en su voto solicitan realizar los estudios necesarios posteriormente.

Violan el principio general de objetivación de la tutela ambiental, también llamado principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, ya que los estudios técnicos y científicos carecen de seriedad, no son exhaustivos y por esto no garantizan el menor impacto ambiental posible, además como ellos bien señalan, e incluso el mismo Incopesca, están incompletos.

Violan el principio/concepto de desarrollo democrático sostenible, ya que no hay estudios que determinen que el recurso se distribuya equitativamente y que esta actividad sea en beneficio de la sociedad, en este caso del sector pesquero en general y que permita un progreso solidario de las comunidades costeras.

Al proponer la modificación del artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura violentan los principios de progresividad y no regresividad ambiental, que básicamente nos garantizan el no retroceso en cuanto a las medidas de protección ambiental y la progresividad de estas, siendo que la protección va en aumento constantemente.

Ambiente Legislativo

En nuestra Asamblea Legislativa se dan negociaciones de distintos proyectos de ley, y la reactivación de la pesca de arrastre, así como todos los otros proyectos están sobre la mesa de negociación. Sabemos que la resolución de la Sala Constitucional no es lo que algunos Legisladores esperaban, esto ya que varios se jugaron la carta de consulta ante la Sala, con la esperanza de que esta como siempre lo hizo, les resolviera algo que compromete sus estrategias y cálculos políticos.

La realidad es que la Sala Constitucional resolvió de tal forma que ahora ellos son los responsables de decidir el futuro de las zonas costeras, el cual no se ve muy alentador.

Nuestros legisladores deben resolver con valentía y no dejarse amedrentar por aquellos que trataron de callar comunidades enteras con amenazas e incluso bloqueando calles y disparando a las llantas de quienes se disponían a alzar la voz en contra de los interesas de unos cuantos pescadores de arrastre.

Poder Ejecutivo

El presidente siempre a sido claro con respecto a su posición sobre la pesca de arrastre, tanto en campaña como durante su presidencia, aunque hoy se limite a decir que no adelantara criterio.

Debemos recordar que el mismo presidente presento una coadyuvancia ante la Sala Constitucional en un intento del Gobierno durante el 2017 de otorgar nuevas licencias para la pesca de arrastre, en un amparo interpuesto por Álvaro Sagot.

En ese entonces nuestro actual presidente aseguró que una sobre explotación de los recursos naturales compromete a las pesquerías artesanales y semi-industriales y pone en peligro el sustento de muchas familias de pescadores y pescadoras que dependen de estos recursos, disminuyendo así las posibilidades de pesca.

Si el presidente se toma el tiempo de analizar y escuchar los criterios técnicos científicos no tendrá duda alguna de cuál debe ser su decisión, pero claro está, es distinto dar declaraciones en campaña que cuando es usted quien tiene la última palabra en tiempos tan convulsos como los de hoy.  Lo que si es claro es que una decisión distinta a vetar la ley, seria para él, ir en contra de sus propias creencias y principios.

Si el proyecto de ley se aprueba

En caso de ser aprobado el proyecto de ley, este se hace bajo el supuesto y asumiendo que las medidas adoptadas, según las nuevas regulaciones que este establece, son suficientes para que la actividad cumpla absolutamente con todos aquellos principios que el voto de mayoría de la Sala Constitucional omitió. Es claro para la academia científica que, desde la investigación, hasta las medidas adoptadas son insuficientes, por lo tanto, estaremos frente a una afectación ambiental, económica y social.

Cabe destacar que la legalidad de la eventual pesca de arrastre no significa que toda consecuencia negativa de dicha actividad tenga que ser soportada, mucho menos cuando se evidencie que todo lo que se estableció como medidas para mitigar su impacto en la ley es insuficiente. Por lo tanto, esto generara una responsabilidad ambiental por un hecho lícito, esto ya sea por las actuaciones u omisiones de quien realiza la actividad, así como de las autoridades por no regular dicha actividad debidamente. Generándose así la posibilidad de iniciar procesos legales y detener la pesca de arrastre. Donde sin duda alguna estaremos presentes llevando ante los tribunales a todo aquel responsable.

Aquí es donde finalmente ponemos en evidencia que absolutamente todos perdemos con la pesca de arrastre, desde a quien se le creo una falsa expectativa de realizar este tipo de pesca de por vida y nunca se le brindaron alternativas para subsistir, hasta aquellos que por el impacto de esta se ven afectados, como lo son los pescadores artesanales, el medio ambiente, los diversos sectores productivos y cada uno de nosotros.

Fundación OneSea estará vigilante ante el actuar de nuestros gobernantes en defensa de nuestros océanos y comunidades costeras.